LA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA

Por Raúl Escobar Vera

Uno de los indicadores más conocidos de la distribución del ingreso es el Coeficiente de Gini el cual tiene la ventaja de resumir en una sola cifra la conformación de la distribución del ingreso para una población en un momento y lugar determinados. Dicho coeficiente asume valores que van de 0 a 1, donde 0 indica una distribución perfectamente igualitaria, es decir cada persona o familia posee el mismo nivel de ingreso y donde 1 corresponde a la distribución perfectamente desigual es decir una persona o familia posee la totalidad del ingreso. En los extremos del coeficiente todos ganan igual o uno gana todo. De esta manera un Coeficiente de Gini más alto o creciente indica mayor desigualdad y un Coeficiente de Gini más bajo corresponde a menor desigualdad. Por lo que se comprende que el objetivo de redistribuir apunta a un coeficiente progresivamente decreciente lo que se logra al conjugar dos factores: incrementar nuestros niveles de ingreso y, además, bajar nuestros niveles de desigualdad .

El coeficiente de Gini de Chile es de 0.435. Comparado al nivel de América Latina observamos a Brasil con un coeficiente de 0.5 y Uruguay con 0.3, siendo el promedio de la región de 0.413. Es decir respecto de esta cifra apenas estamos 5% más alto que el promedio de la región . En el tiempo, desde el año 1984 Chile ha bajado su coeficiente desde un 0.4723 al actual 0.435 .

Otro indicador que se refiere a niveles de desigualdad es el análisis de quintiles, en que la población se divide en quintos o quintiles que van del quintil de más altos ingresos al quintil de menores ingresos. Es decir del 20% más rico al 20% más pobre. Se estratifica en 5 grupos por lo tanto. El 20% más rico se lleva alrededor del 50% del ingreso y el 20% más pobre alrededor del 5% del ingreso. Desde el año 1958 hasta fines de los 90, de acuerdo a la Encuesta de Ocupación y Desocupación realizada sistemáticamente por la Universidad de Chile, esta desigualdad marcha a la par con los ciclos económicos de nuestra sociedad. Esta desigualdad se explica en términos simples porque los pobres son muy pobres, porque los ricos son muy ricos o por una combinación de ambos elementos.

Un estudio del BID aporta datos concluyentes sobre la materia. Si en nuestras observaciones elimináramos el 10% más rico Chile tendría una desigualdad equivalente a la de un país europeo. A partir de esto podemos afirmar que Chile es un país desigual por el comportamiento de la parte superior del ingreso y que la desigualdad es sistemática en el tiempo.

Un indicador que también aporta interesante información es el que muestra indicadores de pobreza a partir de la encuesta Casen de MIDEPLAN. Esta encuesta es la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, que es una herramienta básica de diagnóstico y evaluación del impacto de la política social en los hogares y programas más importantes que componen el gastos social. Esta encuesta proporciona información acerca de las condiciones socioeconómicas de los diferentes sectores sociales del país, sus carencias más importantes, la dimensión y características de la pobreza, así como la distribución del ingreso de los hogares. Se realiza cada 2 años y la última que consultamos corresponde al año 2003 .

Al analizar los datos de dicha encuesta desde el año 1990 al 2003 se ve que para el año 1990 existía un 38.6% de pobres indigentes y pobres no indigentes. Esta cifra se reduce en el año 2003 a un 18.8%. De lo anterior organizaciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas consideran que Chile es un país muy exitoso en la reducción de la pobreza.

Adicionalmente al aspecto cuantitativo de la distribución del ingreso, adquiere gran relevancia el aspecto cualitativo. En efecto, enormes diferenciales de calidad en la salud, en la educación, en la vivienda, en la justicia y en la previsión contribuyen de manera significativa a la percepción global de existencia de un aumento en las desigualdades sociales. Es muy probable que estos diferenciales cualitativos hayan existido siempre; sin embargo, lo que sería diferente hoy en día, es que la sociedad ha adquirido conciencia crítica respecto a su existencia. Esto es lo que sucede cuando un país aumenta su ingreso per cápita de US$ 3.500 a US$ 7.500.

Un elemento fundamental del Estado es el gasto social que realiza, teniendo como objetivo esencial mejorar las condiciones socioeconómicas de los más necesitados. Este gasto se orienta a salud, educación, vivienda, subsidios y otros ítems. Si analizamos las cifras del gasto social respecto del coeficiente de Gini observamos que al agregar el gasto social a los ingresos, este coeficiente baja. Por ejemplo, en el año 1990 de un 0.55 a un 0.52 y haciendo el mismo ejercicio para el año 1998 cae de 0.56 a 0.50 .

Desde el punto de vista analítico, es muy importante explicar cuáles son los factores determinantes de la reducción de la pobreza. En un interesante trabajo metodológico, Larrañaga en 1994 descompone el cambio en la pobreza en función de efectos asociados al crecimiento económico y a cambios distributivos.

El resultado principal del estudio de Larrañaga plantea que el rápido ritmo de crecimiento económico del orden del 7% anual explicaría el 80% del nivel de reducción de la pobreza (entre 1987 y 1992). Hay dos mecanismos a través de los cuales operaría el acelerado crecimiento económico: (i) la generación de fuentes de empleo lo cual hace disminuir la tasa de desempleo, y (ii) el aumento de las remuneraciones reales. El desempleo es un factor de alta preponderancia en las familias que están en la pobreza.

En consecuencia, en la reducción de la pobreza, es decir el número de pobres entre 1990 y 1996, la incidencia del alto ritmo de crecimiento económico sería del orden del 60% y la incidencia de las nuevas políticas sociales, implementadas en 1990 sería 40%. Obviamente no cualquier política social cumple adecuadamente este rol. En efecto, el aumento de recursos destinados a políticas sociales no genera automáticamente un impacto positivo sobre la reducción de la pobreza; es necesario que haya sistemas permanentes de control y evaluación de la eficiencia de las políticas sociales en la consecución de sus objetivos de disminución y erradicación de la pobreza.

Los programas sociales en salud y educación tienen una alta incidencia en los ingresos de los pobres. En efecto, estos dos programas representan por sí solos un 50% de los ingresos autónomos del quintil de más bajos ingresos y los subsidios a salud y a educación proporcionan un complemento de un 50% al ingreso del quintil más bajo. Cabe señalar que el gasto social en salud y en educación es bastante focalizado; casi el 50% del gasto en salud y el 35% del gasto en educación están orientados al quintil más bajo .

De lo anterior podemos observar que el gasto social reduce la desigualdad de manera significativa y podemos afirmar que es posible a través del crecimiento económico tener mas ingresos para distribuir y que a través del gasto social es posible redistribuir mejor.

Un punto interesante de observar es que la lógica de redistribuir significa que, se reparte lo que todos producimos, con la intervención del Estado, que dirige parte de nuestros ingresos hacia los más necesitados.

Aquí surgen muchas orientaciones de cómo se puede trabajar el concepto de redistribuir y el cómo hacerlo a través del gasto social.

En este sentido apuntan las observaciones de MIDEPLAN en su documento sobre capital humano . Actualmente buena parte de la población, en particular la que se agrupa en los quintiles más bajos de ingreso, genera sus rentas a partir de la retribución salarial que obtiene al participar en el mercado laboral. Y si se considera que a mayores niveles de formación y experiencia aumenta la probabilidad de tener empleo y lograr mejores salarios, queda en evidencia que la ausencia de políticas públicas orientadas a distribuir conocimientos y habilidades puede incrementar las brechas dentro de la sociedad.

En la década de 1960, período en que la noción de capital humano retomó fuerza, comenzó a imponerse la idea de que el incremento en las calificaciones y competencias permitiría a las personas acceder a ventajas individuales, económicas y sociales. En particular, favorecería la obtención de mejores empleos y remuneraciones más altas, por lo que era percibido como un beneficio valorable económicamente. Hoy, también es entendido como un instrumento para la reducción de las desigualdades sociales, que permite disminuir la pobreza e incide en el mejoramiento de la calidad de vida. En esta perspectiva, se entiende por capital humano los conocimientos, calificaciones, competencias y características individuales que facilitan la creación de bienestar personal, social y económico.

La perspectiva de capital humano ve a los individuos como agentes dotados de habilidades, conocimientos y esfuerzos, que reciben una remuneración en función de su productividad y contribuyen de esta forma al crecimiento. En este caso, el valor del capital humano radicaría en el salario correspondiente a la valoración que otorga la sociedad a las capacidades, habilidades y conocimientos que posee, utiliza y comercializa un individuo. Así, la adquisición de conocimientos y habilidades es percibida como una inversión por la cual es posible obtener retornos.

El ya citado economista de la Universidad de Chile, Dante Contreras, plantea la posibilidad de mejorar la distribución de oportunidades en función de obtener mayores retornos.

En efecto. La clave de la economía social de mercado es el rol que tiene la competencia. Las empresas compiten por mercados, nosotros competimos por mejores puestos de trabajo, y los consumidores compiten por distintos bienes. En el terreno de la educación una fracción importante de la población está excluida de competir, lo que significa ineficiencia económica. Pongamos atención que para poder competir por un mejor puesto de trabajo se requiere mejor nivel de educación.

La misma encuesta de la Universidad de Chile anteriormente citada, nos proporciona antecedentes de los retornos de la educación en el país. Este retorno es el premio monetario por cada año de escolaridad del individuo. Dicha encuesta nos indica que el retorno que proporciona la educación primaria es constante a través del tiempo, el retorno de la educación secundaria es decreciente y el de la educación terciaria es creciente. Dicho de otro modo, en el tiempo los egresados de la educación primaria obtienen un ingreso constante, los egresados de educación secundaria cada vez ganan menos y los egresados de la educación terciaria ganan cada vez más. Esto también significa que la productividad de los sectores que ganan menos es baja. En definitiva, a mayor escolaridad se gana y se produce más por lo que se obtiene un ingreso mayor. Los datos a junio de 2005 son elocuentes. El ingreso familiar promedio se mantuvo en el 40% más pobre y tuvo un incremento en el 20% de mayores ingresos, respecto a igual período del año 2004 .

Ahora que sabemos que la educación terciaria importa, la pregunta es: ¿Quiénes acceden a dicha educación?

Al ver el promedio de puntaje en la PSU obtenido por un joven cuyos padres tienen educación universitaria completa versus el que sus padres tienen sólo educación básica completa, vemos que el primero obtiene en promedio 100 puntos más, independientemente de otros elementos como el crédito fiscal, del colegio donde estudió, la carrera elegida y otros factores.

Si consideramos a los alumnos que obtienen 700 puntos en la PSU, es decir aquellos que pueden elegir la Universidad y carrera preferida, sólo un 5% vienen de colegios municipales versus el 23% que vienen de colegios particulares pagados. Es decir, si a alguien le tocó nacer en una familia de bajos ingresos, de padres con baja escolaridad, en un colegio municipal, como es el caso de la gran mayoría de los chilenos, va a tener que competir con un alumno que viene de un colegio particular pagado y tendrá muy pocas posibilidades de hacerlo con éxito.

Esto se complementa de manera aún más dura. Un alumno que está en el 10% de mejor desempeño, que proviene de un colegio municipalizado y de una comuna de bajos ingresos, obtiene, desde un punto de vista estadístico, menos ingresos que un alumno que provenía del 10% de peor desempeño académico pero que, sin embargo, venía de un colegio particular pagado y de una comuna de altos ingresos.

De lo anterior y bajo el concepto de la necesidad de real competencia para un mercado eficiente, en la educación esto no sucede. Esto significa que si se nace dentro del 20% de mayores ingresos, existe la más alta probabilidad de permanecer en ese segmento y al revés si se pertenece al 40% de menores ingresos lo más probable es que sus hijos sigan perteneciendo a ese segmento. De lo anterior se concluye, sin lugar a dudas, que el mercado de la educación es ineficiente, porque sus resultados no se correlacionan con los mejores, que alcanzan mayores ingresos por su mayor productividad sino con el acceso que se tiene a determinada educación. No es suficiente ser mejor, hay que tener un origen determinado. Así no es posible lograr mayor eficiencia desde el punto de vista de la persona, sino que esta está predeterminada estructuralmente. Esta enorme desigualdad significa competencia desleal.

Las cifras y enfoque expresado precedentemente apunta a verificar desde la perspectiva del mercado, hoy elevado a matriz indiscutible de nuestra economía y sociedad, las profundas desigualdades de distribución de nuestra riqueza. Pero aquí me detengo un instante. ¿Estamos distribuyendo riqueza o pobreza? Cuando una sociedad, crece unidimensionalmente o unilateralmente y distribuye sus bienes de ese modo, es claro que no obtiene un crecimiento integral. Incuba en su seno la diferencia y lo que es más grave margina permanentemente a ciertos quintiles, que en definitiva son personas, que nunca lograrán golpear las puertas de lugar alguno.

En el edificio Diego Portales se efectuó en junio del año 2004 un seminario sobre la democracia, economía y ciudadanía de donde tomo importantes conclusiones.

Se observó la necesidad de reinsertar los problemas de la economía en la agenda pública y devolver a la gente, al ciudadano, el derecho de opinar y de decidir sobre la política económica, confinada en los últimos tiempos a la consideración de una pequeña elite de especialistas.

Se destacó el rescate de la noción del bien público, de bienes de valor social –como los de educación, salud, comunicación–, a los que deben tener acceso todos los ciudadanos, no sólo los que pueden pagarlos. Este objetivo no sólo obedece a consideraciones de carácter moral sino responde al propósito práctico de formar recursos humanos para elevar los índices de competitividad.

Se dijo que en la mayoría de los países de la región ha llegado el momento de revertir los sistemas tributarios regresivos y negociar un nuevo pacto fiscal, que legitime el campo de responsabilidad del Estado, en la captación y redistribución del ingreso, con el objetivo claro de mejorar las condiciones de equidad social.

Subrayaron en ese seminario el concepto de competitividad sistémica, que mejore la productividad y que descanse en una sociedad incluyente, preparada para integrarse en la economía contemporánea y no en bolsones o nichos de eficiencia.

La educación es una de las más formidables herramientas de progreso y justicia social. Educar, organizar y disciplinar en torno a promover legítimas oportunidades para superar la horrorosa matriz de la desigualdad, es misión no sólo de políticos y economistas, sino de toda persona de bien.